El 16 de este mes en conferencia de prensa, la presidenta del Congreso y voceros de varias bancadas anunciaron una “tregua” con el Poder Ejecutivo, sellando el acuerdo al abrazarse con el vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón.

Muchos interpretaron que con dicho anuncio se ponía fin a un enfrentamiento entre dos poderes del Estado, abriéndose la posibilidad de lograr acuerdos para enfrentar la crisis política y social que vive el Perú, con una democracia debilitándose cada día que pasa y la extrema debilidad de los partidos políticos que debieran sostenerla.

Sin embargo, continúan los enfrentamientos. La actual ministra de Trabajo y congresista Betssy Chávez mantiene la denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, y los congresistas se reúnen en un hotel para planificar acciones por la vacancia. Del otro lado, congresistas condicionan el voto de confianza del nuevo gabinete al retiro de varios ministros cuestionados, hasta este 8 de marzo que se presentarán ante el Congreso.

Las encuestas señalan un 74% que prefiere se “vayan todos”, lo que obliga a las fuerzas políticas enfrentadas a tomar un respiro y guardar las formas, aunque mantengan y alienten el conflicto.

Otra consulta efectuada por CELAG muestra casi un 60% de la población a favor de cambios constitucionales, una gran mayoría por la reforma tributaria con mayores impuestos a las ganancias mineras extraordinaria y a los bienes de lujo; y poco más del 50% considera que la oposición boicotea la presidencia de Castillo, entre otros aspectos.

La crisis política es tan profunda que para iniciar su solución, se requieren cambios de igual magnitud. Es imposible sostener un país ni pensar en su construcción como sociedad, manteniendo las grandes brechas de ingresos y ejercicio real de derechos que vivimos día a día. Por ello, la modificación constitucional se abre paso en la gente y, sobre todo, la modificación en el capítulo económico.