El retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación creará más inestabilidad en el Ministerio Público, una entidad que ha estado entre los dardos políticos de otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, nos guste o no, las decisiones institucionales, en este caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tendrían que ser respetadas y atendidas, salvo otra interpretación legal. El problema mayúsculo es para Delia Espinoza, la actual fiscal de la nación, quien, según el fallo de la JNJ, deberá dejar su puesto a Benavides, luego de que decidiera anular la resolución que la expectoraba del cargo por, supuestamente, intervenir en el proceso investigatorio a su hermana jueza. Y aquí surge tremendo lío legal porque quien decide ese puesto es la Junta de Fiscales Supremos, no la JNJ.

No se sabe si el retorno de Patricia Benavides tendrá un ánimo revanchista. Recordemos que, en su afán de quedarse en el cargo, acusó al Ejecutivo de estar detrás de su salida. Aquí hubo varios actores, entre ellos el asesor de Benavides, Jaime Villanueva, y el propio expremier Alberto Otárola, acusándose uno del otro de interferir en la JNJ, que en ese entonces era manejada por Aldo Vásquez e Inés Tello. Sería terrible para los intereses del país que el Ministerio Público se enfrasque en una guerra sin cuartel por el control de la Fiscalía de la Nación dejando desamparados a los ciudadanos. Ya Tomás Gálvez, quien también regresará como fiscal supremo por orden del Tribunal Constitucional, adelantó opinión al decir que no es posible aceptar la decisión de la JNJ para que Benavides regrese al cargo. ¿Quién tiene la última palabra?