Una vez superada la emergencia, la Contraloría General de la República tiene un arduo trabajo a fin de determinar responsabilidades y pedir sanciones al Ministerio Público y el Poder Judicial para todos los funcionarios que en los últimos años pudieron hacer algo para evitar las inundaciones que hoy castigan a miles de peruanos que han sido abandonados por el Estado.

No solo está la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), sino también las administraciones regionales y municipales que teniendo los recursos, hicieron cualquier cosa menos trabajar para evitar que repitan situaciones como las de 1998 y 2017.

Veamos el caso de Trujillo, donde las quebradas se activaron al igual que en 2017 y afectaron las mismas zonas que hoy. Ni la visita de papa Francisco en enero de 2018 conmovió a las autoridades y las llevó a trabajar para que nunca más tengamos que ver escenas dolorosas e indignantes.

En ningún país que trata de ser serio, deberían darse situaciones como estas. Seguimos tropezando con las mismas piedras, y los más perjudicados son los peruanos que por estos días se han quedado solo con la ropa que llevaban puesta. Acá no puede haber, como siempre, lavada de manos o tiradera de pelota. Tiene que haber responsables.

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