Decidir que las fuerzas armadas actúen en las ciudades, no es fácil. Debe hacerse cuando una situación de enorme complejidad en el frente interno de un Estado, no puede ser controlada por el aparato policial, creándose un escenario de desborde social incontrolable y generalizado por la recurrencia de hechos que van mermando al propio Estado. Por ejemplo, es el caso de algunos países centroamericanos como El Salvador u Honduras por la maras o el del Perú, por la delincuencia urbana que ya tiene buenos años provocando incertidumbre social nacional. En cambio, el reciente caso de George Floyd, que ha conmovido en EE.UU. y donde el presidente Donald Trump quiere sacar a los militares debido a las incontables manifestaciones con violencia contra el racismo estructural en el país, en realidad no configura un escenario de catástrofe nacional, para permitirlo. Pero más allá de que el presidente no cuente con facultades en la Constitución estadounidense para hacerlo -por excepción puede determinarlo en el Distrito Federal de Columbia que incluye a la ciudad de Washington-, la realidad muestra de que no es el caso de una calamidad nacional para permitirlo. El aparato coactivo en los 50 Estados de EE.UU., es un atributo de sus gobernadores que pueden ordenar que la Guardia Nacional, que no son las fuerzas armadas, coadyuve a la tarea policial; aquellas solo deben hacerlo en un caso extremo que, aunque no parezca, no es el que está viviendo EE.UU. Ello no quiere decir que no pueda llegar a serlo y tampoco que no deje de ser complejo y preocupante. Trump se equivoca, pues la realidad actual no configura una catástrofe o calamidad nacional.