La independencia de poderes parece ser una quimera para la presidenta Dina Boluarte. En los últimos días, su gobierno ha dado señales autoritarias preocupantes, especialmente al extender sus ataques a la prensa, a la que acusa de actuar en contubernio con el Ministerio Público para ejecutar un “golpe de Estado blanco”.
Este tipo de declaraciones son peligrosas porque buscan, de manera sutil pero clara, socavar la libertad de expresión. Para el Consejo de la Prensa Peruana, estas palabras son “dignas de autócratas latinoamericanos”. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha instado a la mandataria a respetar la independencia periodística, mientras que la Asociación Nacional de Periodistas ha advertido que descalificar investigaciones y denuncias sobre presuntos actos de corrupción constituye un grave atentado contra la libertad de prensa.
Boluarte, en su afán de sostenerse en el poder hasta 2026, se ha convertido en aliada del Congreso, adoptando su discurso contra el Ministerio Público y en especial contra la prensa, lo cual no quita que estemos en gran parte de acuerdo con las críticas a una fiscalía politizada e infiltrada por fuerzas que nada tienen que hacer allí.
La democracia peruana enfrenta momentos críticos. El poder debe ser fiscalizado, y la prensa cumple un papel fundamental en esta tarea. Silenciarla o desacreditarla es transitar un camino peligroso para la democracia.
