En lugar de estar alistando su cuarta salida vacacional de año y de salvar con los votos de su bancada al ministro Julio Demartini, el gobernador regional de La Libertad y dueño de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, debería explicarle al país qué hacía en el Congreso manejado por su partido, un sujeto como Jorge Luis Torres Saravia, acusado de violación sexual y hasta de haber montado una red de prostitución dentro del Poder Legislativo.
Nadie de APP ha dado la cara por este personaje que ocupaba nada menos que la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que desde mitad del 2023 está en manos del acuñismo, primero con el fantasmal Alejandro Soto y más tarde con Eduardo Salhuana, quien cree que echando del cargo a este oscuro personaje se acaba todo el problema generado por un partido ya famoso por poner a delincuentes y sinvergüenzas en la administración pública.
Las dependencias del Estado no pueden ser la chacra de una agrupación política para que venga a hacer lo que le dé la gana y coloque incluso a gente realmente impresentable. Sin el señor Acuña quiere darle empleo a sus amigos, que lo hagan en sus universidades o en sus empresas. ¿Qué dicen al respecto Richard Acuña y Luis Valdez, hijo e incondicional, respectivamente, del escudero de la presidenta Dina Boluarte?
Es de esperarse que el Ministerio Público ya esté actuando frente a este caso que ha sido cubierto por un extraño silencio, tras la denuncia aparecida días atrás en Willax TV. ¿Qué intereses hay para que esta situación tan extrema quede en el olvido?
