El Congreso no puede continuar con la elección del defensor del pueblo porque es una institución deslegitimada por sus propios integrantes, quienes hasta hace poco han propuesto y frustrado un adelanto de elecciones generales, así como por la mayoría de peruanos que la concibe como una institución corrupta.

Si el Ejecutivo se proclamó como un gobierno de transición, el Legislativo tendrá que enfocarse en dejar las reformas constitucionales de fondo para la próxima representación parlamentaria, cuyos miembros deberán proponer mejoras en la Carta Magna y llevar a cabo procesos de elección pulcros, como el defensor del pueblo, el contralor, entre otros.

La curiosa y extravagante paradoja recae en una pregunta: ¿Cómo el grupo de trabajo del Congreso, que preside el apepista Manuel García, puede elegir a quien deberá velar por los intereses de la población, esa misma que pide la salida de los parlamentarios? ¿Ese defensor o defensora tendrá legitimidad con dicho respaldo político? Ni hablar.

Por eso, este Parlamento también es de transición. Si bien es su facultad abocarse a la designación del representante de la Defensoría, le haría un enorme daño a dicha entidad si acaba con el proceso de selección. ¿Fuerza Popular, el mayor grupo opositor que está a favor del adelanto de las elecciones generales, respalda la labor que lidera APP?

Es verdad que los legisladores no pueden sucumbir por inanición, que algo deben hacer y no solo cobrar más de 100 mil dólares al año, por lo que considero que su principal labor es continuar ejerciendo el control político, legislar en materias urgentes, fiscalizar los nuevos sufragios y velar por su cumplimiento ordenado y transparente.