Petroperú ha marcado un nuevo récord, pero en la dirección equivocada: sus pérdidas acumuladas ya superan el 50% de su capital social, lo que la coloca en una situación de quiebra técnica. Es el resultado previsible de años de ineficiencia, malas decisiones y una gestión estatal incapaz de sostener a la petrolera. Sin embargo, el Gobierno insiste en rescatarla una y otra vez, inyectando millonarios recursos que solo sirven para prolongar su agonía.
La situación demanda decisiones firmes y valientes. Los impuestos de los peruanos no pueden seguir destinados a un barril sin fondo. La Junta General de Accionistas, integrada por los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, debe asumir su responsabilidad y enfrentar la realidad: Petroperú no puede seguir siendo un agujero negro que devora recursos en nombre de un supuesto “orgullo nacional”.
Cada nuevo salvataje no solo resulta inútil, sino que también representa una afrenta para millones de ciudadanos que carecen de servicios básicos. Los fondos que hoy se destinan a cubrir la ineficiencia de Petroperú podrían invertirse en cerrar brechas urgentes: hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales que sí generan impacto real en la vida de la gente. El costo de mantener viva artificialmente a la petrolera es demasiado alto para un país con tantas carencias.
