Desde hoy los miembros del Tribunal Constitucional (TC) evaluarán la propuesta del magistrado Carlos Ramos sobre la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra. La ponencia de dicho tribuno plantea que todo estuvo dentro de lo establecido por la Carta Magna, pero esto tendrá que ser analizado, debatido y sometido a una votación que determinará si fue legal o no la controvertida medida del 30 de setiembre último.

La tarea del máximo intérprete de la Constitución no solo es compleja, sino también sumamente relevante, pues si el pleno del TC da por válida la ponencia de Ramos, estaría considerando legal la llamada “denegación fáctica de la confianza”, lo que podría llevar a que en el futuro cualquier mandatario con actitudes arbitrarias o hasta dictatoriales interprete la Carta Magna y disuelva un Parlamento adverso.

Cuidado con fijar un precedente delicado que en el futuro podría estallarles en la cara al Perú y a los peruanos. De por medio no está cualquier entidad pública. Estamos hablando del Congreso que por más miembros impresentables que haya tenido en los últimos años, debe ser un pilar del equilibrio de poderes y por lo tanto de la democracia misma.

Los siete miembros del TC tienen desde hoy una gran responsabilidad con el futuro del país y la democracia. No es un asunto menudo. Quizá se trate del caso más relevante de los últimos años. A los magistrados les reclamamos mucha mesura, honestidad y apego al derecho para dar el fallo que todo el Perú espera desde hace más de tres meses.

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