Diversos analistas, constitucionalistas y políticos de profesión, han emitido un juicio unánime sobre la administración de la presidente Dina Boluarte, en torno a la preservación del ordenamiento democrático, el respeto a nuestra carta constitucional y su intervención eficaz para suprimir los brotes separatistas y el posible inicio de una guerra civil que habría tenido su epicentro en el sur del Perú, más específicamente en Puno, entre fines de 2022 e inicios de 2023. Boluarte, a pesar de la superabundancia de defectos que la distingue, su peculiar frivolidad al momento de ejercer el poder, y sus nulos deseos de reestablecer lazos sólidos entre el desencantado pueblo peruano y el Poder Ejecutivo, ha realizado una labor importante al restaurar el orden interno cuando asumió el mando presidencial. En el momento en que la mandataria asumía como titular del Poder Ejecutivo, en el Perú predominaba la ausencia de ley, la discordia interior, innumerables cruentos enfrentamientos y tendencias separatistas cada vez más firmes, pero fue la decisión presidencial la que suprimió el desorden general y restableció la tranquilidad interior, ejerciendo el monopolio legítimo de la violencia, que como enseña el sociólogo Max Weber, “este monopolio de la violencia es un atributo exclusivo del Estado”. Entre las grandes preocupaciones de los filósofos políticos, la mayor ha sido hallar los medios para encontrar la “anastasia o estabilidad”. Lo opuesto a la “anastasia” es la “estasia o sublevación, revolución, inquietud”. Boluarte logró recomponer el orden interno y, por tanto, evitó esa permanente inquietud, que estaba por imponerse durante la etapa anárquica y dolorosa que vivimos.