Recientemente, el Ejecutivo expidió el Decreto Supremo No. 001-2022-TR que restringe la tercerización de servicios en empresas y organizaciones, llevándose de encuentro el principio constitucional de legalidad, al pretender enmendarle la plana a una Ley como la 29245 (jerárquicamente superior) a través de un decreto supremo y, desconociendo que el Tribunal Constitucional ya ha sancionado la validez constitucional de la “Ley de tercerización de servicios” y sus modificatorias en nuestro país.

Hay que destacar en este tema, la penosa actuación de la propia ministra de Trabajo Betssy Chávez quien pasando, autoritaria y prepotentemente, por encima del acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, en el que representantes de las centrales sindicales, gremios empresariales y del propio Ministerio de Trabajo acordaron que para modificar las reglas de tercerización de servicios, la propuesta debía pasar “previamente” por la Comisión Técnica respectiva para su discusión y debate, antes de realizar cualquier cambio a dicha norma laboral. No solo se ignoró flagrantemente a este consejo tripartito, sino que además, no se tomó en cuenta la posición discordante del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que manifestó su desacuerdo con la propuesta que recogió el decreto supremo en cuestión. A pesar de todas estas consideraciones legales y procesales, la ministra de Trabajo y el premier aprobaron, prepotente e inconsultamente, una norma reglamentaria que, fuera de transgredir la Constitución, afectaría a millones de trabajadores y que, junto con otras normas que se pretendería imponer en corto plazo a las empresas, como lo es el elevar el número de salarios a pagar por indemnización por despido (de 1,5 a 3 sueldos) o elevar inconsultamente la remuneración mínima vital en pleno proceso de recuperación económica, lo que lograría es que las más de 99,4% de micro y pequeñas empresas que existen en el país se vean, con más fuerza, arrojadas al abismo de la informalidad

Los peruanos exigimos estabilidad, predictibilidad y respeto al principio de legalidad en nuestro país y no acciones autoritarias, prepotentes e ilegales como las demostradas en esta oportunidad Y que, groseramente, contradicen el discurso del presidente Castillo quien, en recientes declaraciones, señaló “permítanme saludar y convocar a la empresa privada para que invierta sin temores, pues hemos demostrado que si podemos estar al frente de la administración del país, con responsabilidad, y garantizar que la economía no se quiebre”. Lo cierto es que, con discursos, diametralmente opuestos Y falaces a las reales acciones gubernamentales, no solo se quebrará la economía y la confianza, sino que se quebrará al país entero y esto, señores, no es ningún” chiste”. Ya decía George Orwell que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades…