La reacción del premier Gustavo Adrianzén y algunos ministros frente a la decisión judicial de imponer prisión preventiva a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, representa un serio retroceso en el respeto a la institucionalidad y la independencia de poderes. Las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, al calificar la medida judicial como una “judicialización de la política”, y del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, poniendo en duda la imparcialidad del Poder Judicial, son preocupantes y profundamente vergonzosas.
En lugar de reafirmar su compromiso con el Estado de derecho, el Ejecutivo ha optado por confrontar abiertamente al sistema de justicia. Este tipo de actitudes no solo socavan la confianza en las instituciones democráticas, sino que además alimentan la percepción de que el Gobierno busca proteger a Nicanor Boluarte, reforzando las sospechas de favoritismo y encubrimiento.
Como garantes del sistema democrático, el premier y sus ministros tienen el deber de ser claros en su respeto a la Constitución y a la independencia de poderes. Es imperativo que, en lugar de atacar al Poder Judicial, insten a que el hermano de la presidenta se someta a las investigaciones y responda ante la justicia como cualquier ciudadano. Este sería un mensaje contundente de que el Gobierno no está por encima de la ley.
