Mientras la comunidad educativa y los políticos en el Congreso se encuentran ocupados debatiendo sobre diversos proyectos de ley, a fin de modificar la Ley Universitaria y recomponer algunos artículos vinculados a la organización y funcionamiento de la SUNEDU, procurando unos deshacer el binomio “Universidades/Ministerio de Educación” y alentando otros a mantener la rectoría del mismo sobre las universidades, los Institutos y las Escuelas Superiores, subordinadas por ley al Ministerio de Educación (desde sus inicios), aparecen abandonadas y en un literal “limbo” legal.

El Perú registra al 2021 cerca de 500 mil jóvenes formándose en carreras de educación técnica, artística y pedagógica, frente a más del doble formándose en diferentes especialidades y profesiones en universidades públicas y privadas, a pesar de que el requerimiento real de mano de obra del sector productivo, industrial, comercial, empresarial y de servicios, es prioritariamente técnico. Mientras el mundo avanza raudamente en innovación y tecnología, el Perú detiene en el tiempo la autorización gubernamental para que nuevas carreras puedan ser ofrecidas a nuestros jóvenes o tan siquiera para que éstas puedan ser actualizadas. Pareciera que nos hemos quedado presos del pasado y, aun así, pretendemos confiarle más atribuciones a una entidad estatal sobredimensionada como resulta ser el Ministerio de educación. Una incongruencia real.

No solo el TUPA (Texto Único de procedimientos administrativos) del Ministerio de Educación ha obviado incluir los procesos administrativos de los Institutos (¡sí, no existen!), descontinuados desde la gestión del ministro Jaime Saavedra en el 2016, sino que, además, las continuas gestiones ministeriales posteriores, no han dado ninguna importancia real al tema.

Urge entonces, que el Ministerio de Educación pueda implementar equipos diversos de profesionales idóneo en las áreas de atención de los distintos niveles de educación que tiene responsabilidad legal de atender, y obrar con eficiencia y diligencia, promoviendo la aprobación de normas legales que permitan la continuidad no solo de los procesos de licenciamiento, que garanticen la calidad de los servicios de las instituciones públicas y privadas, sino además, permitir la actualización de programas y carreras acorde con el desarrollo tecnológico y la modernidad. Esperamos la intervención del Consejo Nacional de Educación y la voz de la UNESCO en un tema de trascendental importancia como resulta ser la Educación Técnica en nuestro país.