Ayer por la tarde tomó juramento el general PNP (r) Julio Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior en reemplazo del censurado Juan José Santiváñez, quien ahora desde el llano –si es que la presidenta Dina Boluarte no le da un “premio consuelo” en el Estado a pesar de que su gestión no logró hacer frente de manera adecuada a la ola de criminalidad que nos golpea–, tendrá tiempo para defenderse de todas las investigaciones en su contra que tiene en el Ministerio Público.

El flamante ministro no llega con buenos antecedentes: ha sido viceministro de Santiváñez, fue retirado de la jefatura policial de Lambayeque en medio de denuncias de corrupción y ha militado en Alianza para el Progreso (APP), una agrupación más que dudosa que se ha caracterizado por llevar a varios prontuariados y sinvergüenzas a la administración pública. Desde ya, sería bueno saber si en su nombramiento ha tenido que ver la mano de César Acuña, dueño del partido en mención, que es aliado del gobierno.

El nuevo responsable de una cartera tan sensible como la de Interior, debió tener otra procedencia, una que genere menos dudas. Pero es casi una constante que la mandataria opte por personajes que más hacen encender las alarmas que darle tranquilidad al ciudadano. Es imposible que en el Poder Ejecutivo no hayan conocido los pasivos del elegido para el cargo, así que se da por hecho que la presidenta Boluarte es consciente de las debilidades de su flamante ministro.

Es bueno mencionar que la lucha contra la extorsión, el robo, el sicariato y el secuestro no puede ser objeto de experimentos ni de nombramientos de personajes con flancos débiles que los hace vulnerables ante la posibilidad de mantenerse en el cargo por un tiempo prudencial a fin de dar continuidad a la gestión. Ya lo vimos con Santiváñez. La mandataria ha hecho una designación temeraria, que ojalá no sea un lastre en el objetivo nacional de controlar la violencia.

Si dura algo en el cargo, el ministro Díaz Zulueta al menos deberá tratar, junto con la presidenta Boluarte, de tender puentes con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que la lucha contra la criminalidad sea un objetivo común, y no un solo de zancadillas entre instituciones públicas que a la larga sirven para favorecer a los delincuentes arrestados y perjudicar al ciudadano de a pie que ve que de nada sirve que un hampón caiga en manos de la policía, si fiscales y jueces más tarde lo van a liberar.