El anuncio del Poder Ejecutivo sobre la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, promulgada por insistencia del Congreso, que restringe los cambios constitucionales a través del referéndum vuelve a poner presión en el tenue equilibrio en el descansa nuestra democracia.

Tanto la aprobación por insistencia como la demanda de inconstitucionalidad son mecanismos que prevé la Carta Magna para dirimir estas situaciones que de por sí generan conflicto y, una vez presentadas, deben seguir su proceso en el Tribunal Constitucional.

Por eso es peligroso y hasta preocupante que un acto que debería ser considerado el culmen de una sociedad democrática -una ley sancionada por un Parlamento representativo- sea calificado como “antidemocrático” por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

La última palabra en esta situación la tiene el Tribunal Constitucional y tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que respetar los fueros del otro y aceptar lo que finalmente decidirán los magistrados del máximo intérprete de la Constitución.

Mientras esto ocurra, los calificativos a una norma aprobada por mayoría parlamentaria, están de más.