Cuando se trata de fondos públicos, y más si de por medio está el salario que tiene o aspira a cobrar la primera funcionaria de la Nación, en este caso la presidenta Dina Boluarte, no puede haber “reserva”, “confidencialidad” o “secreto de Estado”, que es lo que nos ha venido a decir el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, creyendo quizá que es parte de una dictadura jurásica donde el ciudadano no tiene derecho a saber a dónde va el dinero de sus impuestos.

Además, desde hace varias semanas se ha hecho público que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se viene analizando subir el salario presidencial de 16 mil soles a poco más de 35 mil 500, una medida que fuera válida y coherente si se comenzara a aplicar a partir del 28 de julio del 2026, es decir con el nuevo jefe de Estado, y no ahora en que nos gobierna una mandataria con inmenso rechazo popular, famosa por su frivolidad (casos Rolex y cirugías) y que no muestra resultados, al menos, en la lucha contra la delincuencia.

Qué sentido tiene a estas alturas mantener “bajo siete llaves” la propuesta del MEF. Suena hasta ridículo, aunque no debe sorprender que una medida de este tipo sea adoptada por el gobierno de una mandataria como Boluarte, que a través de sus abogados se ha dedicado a tratar de bloquear la posibilidad de esclarecer casos como el sus operaciones estéticas, el de los Rolex o hasta el de su presencia en una playa del sur de Lima, en una zona donde supuestamente se escondía Vladimir Cerrón.

Sin duda este secretismo sobre algo tan elemental como es hacer público el salario del jefe de Estado de una democracia, es un nuevo disparo a los pies de la presidenta y de su gobierno que no necesitan de rivales políticos ni de “oscuras fuerzas” para desestabilizarse y generar mayor rechazo de la ciudadanía, a la que además la señora Boluarte no rinde cuentas a través de la prensa desde hace más de 200 días, evidentemente por temor a la preguntas “incómodas” que necesitan ser respondidas.

En un país donde los expresidentes están presos o con un pie en el penal Barbadillo por actos de corrupción, es vital la transparencia, que incluso está plasmada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es a la que apeló El Comercio para conocer las gestiones que se hacen en el Poder Ejecutivo para incrementar el salario presidencial. ¿Y así se quejan del rechazo en las calles y culpan a quien primero se les ocurre por esta situación que también afecta la estabilidad del país?

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