La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, pidió hace dos días en el Pleno una colecta a favor de los afectados por la escasez de agua en Piura. El congresista Edwin Martínez intervino rápidamente y dijo: “Este es un feo escenario para hacer una colecta. ¿Cuántos congresistas somos? Quince. No vamos a recaudar nada”. Al final le pidieron su colaboración hasta a los periodistas que estaban en las galería.

Esta es una demostración más de cómo la clase política toma a la ligera los graves problemas del país. Apelar al asistencialismo y populismo - ese cortoplacismo enfermizo de los políticos-, es una suerte de show para atraer las miradas. Es poner en escena un acto amigable cuando no hay mucho tiempo ni ideas para pensar qué hacer para resolver el problema de los piuranos. Para ellos, su prioridad es una campaña de imagen y prepararse para las elecciones que vienen.

Esto no es más que un espectáculo, un intento superficial de demostrar empatía mientras se ignora la raíz del problema.

Esto refuerza la sensación de que los legisladores están más preocupados por gestos simbólicos y efímeros que por acciones de fondo.

Piura enfrenta una crisis hídrica que no es producto exclusivo de la sequía, sino de la falta de planificación y acción por parte de las autoridades locales y nacionales. Informes y alertas emitidos desde abril por el Senamhi y otras instituciones fueron ignorados por quienes tenían el deber de prevenir esta situación. Mientras tanto, los congresistas, cuyo rol incluye fiscalizar y exigir cuentas, permanecieron en silencio, mirando hacia otro lado. Su pasividad frente a la evidente negligencia de las autoridades no hace sino agravar el problema.

El déficit de agua en Piura es, en esencia, un problema estructural. La falta de inversión en infraestructura hídrica y la incapacidad de implementar políticas preventivas han dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad. Lo que se requiere no son colectas simbólicas, sino un compromiso serio con el desarrollo de proyectos que garanticen el acceso sostenible al agua, así como la rendición de cuentas de quienes han fallado en su deber de proteger a la población.