Las recientes revelaciones en torno al expresidente Martín Vizcarra consolidan un panorama sombrío para quien alguna vez se presentó como un abanderado de la lucha anticorrupción. Mientras más testigos afirman que Vizcarra pidió y recibió sobornos durante su gestión como presidente regional de Moquegua, su defensa insiste en descalificar estas acusaciones, calificándolas como “dichos de delincuentes confesos”.
Sin embargo, el testimonio del exministro José Hernández marca un punto de inflexión. Los detalles y los registros de conversaciones que ha presentado van más allá de simples afirmaciones sin sustento, y representan indicios que no deben ser ignorados. Cabe recordar que la corrupción es, por naturaleza, un delito furtivo que casi nunca deja rastros documentales. En este contexto, las confesiones, los testimonios y las pruebas indirectas cobran un peso significativo.
La justicia tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y rigurosidad. Los peruanos hemos visto demasiados casos de personajes públicos que, frente a situaciones similares, optan por evadir la justicia. Es crucial que el sistema judicial garantice que el expresidente no tome un rumbo desconocido, particularmente porque actualmente no enfrenta restricciones legales para su movilidad.
Para un país que ha sido golpeado repetidamente por la corrupción en sus más altas esferas, este caso es una prueba de fuego.
