El expresidente Alejandro Toledo enfrenta hoy la posibilidad de ser condenado por segunda vez, ahora por el caso Ecoteva. La Fiscalía ha solicitado más de 16 años de cárcel para quien alguna vez aseguró que ingresaba a la política “para impedir el regreso de la corrupción”. La ironía es cruel: aquel que se presentó como el adalid de la lucha contra la podredumbre terminó hundido en la misma cloaca que decía combatir.
En paralelo, la sombra de la prisión también alcanza a Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Judicial dispuso que vaya a juicio por presunto lavado de activos, y la Fiscalía ha pedido 35 años de cárcel, una pena que su propia defensa ha calificado como “una sentencia de muerte”. Más allá de los tecnicismos jurídicos, lo que queda claro es que otro expresidente se suma a la lista de mandatarios bajo sospecha, confirmando que en el Perú la política parece ser un pasaje casi directo a los tribunales.
El patrón es tan repetitivo que ya parece tradición nacional: desde hace cuarenta años, ningún presidente peruano escapa al coqueteo con la prisión. Fujimori, García, Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Castillo… todos terminaron bajo sospecha, acusados o tras las rejas. Y, si la historia es maestra de vida, con Dina Boluarte no habrá excepción. En este país, la Presidencia de la República dejó de ser la más alta magistratura para convertirse en la antesala de un expediente fiscal.
