Un grupo de hampones posiblemente venezolanos ha asesinado en la madrugada de ayer al suboficial de primera PNP José Gabriel Munive Gurmendi e hirió de gravedad a su colega mientras en cumplimiento de sus funciones los intervinieron en una peligrosa zona de La Victoria, por lo que el país entero está de luto por este nuevo crimen que muestra una vez el grado de ferocidad y atrevimiento de los criminales que saben que en su conjunto, el sistema no funciona para hacerles frente.
La semana pasada hemos entrado a la etapa final de un gobierno al que le ha quedado inmensa la responsabilidad de combatir la criminalidad heredada de sucesivas administraciones que en verdad, no han hecho nada para combatir a asesinos, ladrones, extorsionadores y demás lacras, todo esto sumado a la complicidad de muchos jueces y fiscales que, está comprobado, actúan en favor del hampón y no del ciudadano de bien ni de los policías que usan debidamente sus armas de fuego.
No sería extraño que en las próximas horas los asesinos del policía sean arrestados por sus colegas y que más tarde, en manos del Ministerio Público, algún fiscal de por ahí comience a buscar la sinrazón para devolverlo a las calles al amparo de tinterilladas propias de quien busca favorecer al delito y no a sus eventuales víctimas. Recordemos que el eliminado delincuente venezolano “maldito Cris”, el asesino de un sereno de Santiago de Surco, había sido dejado en libertad pese a sus terroríficos antecedentes.
El asesinato del suboficial Munive Gurmendi ocurre, lamentablemente, en momentos en también hacen falta profundos cambios en la Policía Nacional, que tampoco camina de acuerdo a las exigencias propias de la lucha contra el delito. El que veamos la compra de camionetas BMW para el comandante general y los tenientes generales, es una muestra flagrante de la desconexión con lo que sucede en las calles, donde los efectivos se desplazan en carros destartalados y las comisarías, incluso en Lima, se caen a pedazos.
Al gobierno de la señora Boluarte ya no se le puede pedir nada, pues ha tenido dos años y medio para adoptar medidas efectivas y contudentes que vayan más allá de los estados de emergencia y de asistir a graduaciones de nuevos policías. Ante eso, queda exigir a los candidatos presidenciales y congresales que nos digan qué van a hacer con la ola de violencia en el país. Mientras tanto, muchos peruanos morirán o verán cómo los delincuentes se llevan lo que tanto les costó obtener.