El expresidente Martín Vizcarra ha vuelto al centro del escenario político con la presentación de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un intento por dejar sin efecto la inhabilitación que hoy le impide postular a cargos públicos. Su intención, aunque cada vez más lejana, es clara: volver a ser candidato presidencial en 2026 y posicionar a su partido, Perú Primero, como una fuerza con presencia significativa en el Congreso.

Sin embargo, su objetivo político choca de frente con una realidad judicial cada vez más compleja. Aunque recientemente evitó la prisión preventiva, el calendario avanza y se espera que en octubre se conozca la sentencia por el caso del Hospital de Moquegua. Al respecto, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, ha dejado entrever que la sentencia sería condenatoria.

Mientras recorre el país en una suerte de precampaña encubierta, buscando simpatía ciudadana y levantando el perfil de su agrupación, la justicia sigue su curso. El expresidente apela al discurso de la victimización política, pero las acusaciones que enfrenta son graves y no pueden ser minimizadas ni relativizadas por su popularidad pasada ni por el desgaste de sus adversarios.El caso Vizcarra representa un síntoma más de la distorsión en la política peruana, donde personajes investigados, procesados o incluso condenados insisten en presentarse como opciones legítimas para liderar el país. Esta normalización de la impunidad mina la institucionalidad.