El dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, ha delatado al presidente Pedro Castillo al afirmar que a través del impresentable de Bruno Pacheco, en ese momento “hombre fuerte” del Despacho Presidencial, entregó una coima al jefe de Estado para que a cambio nombre como gerente general de Petroperú a Hugo Chávez Arévalo, con el que iban a hacer “grandes negocios” desde la empresa estatal que financieramente es un desastre, pero esto último era lo de menos para ellos.

Silva lo ha dicho ante el Ministerio Público y dejando su nombre y DNI. Esto de la coima para Castillo a cambio de tomar la cabeza de Petroperú a través de un funcionario títere, no lo dice un colaborador eficaz identificado con un código, sino nada menos que quiera fuera el médico de cabecera del presidente y a quien acudía cada vez que tenía un problema de salud. Esto además ya lo había dicho antes el propio Pacheco. A eso se suma que hay un testigo de la entrega de la plata sucia: Yober Sánchez, sobrino de Silva.

De los 45 mil o 50 mil soles entregados en sobres por el chotano Silva a Pacheco, 30 eran para el presidente, según la información recogida por los fiscales. Una cutra pura y dura que solo los defensores del mandatario no quieren ver. Por la décima parte de esto cayeron Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sin duda deberán rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, con el profesor no pasa nada. Para este caso exigen más pruebas. ¿Acaso una factura por la coima? ¿Quizá un recibo de pago de impuestos a la Sunat?

Resulta imposible de creer que Silva ha inventado esta historia en medio de un interrogatorio ante fiscales y jugándose su libertad. Para empezar, se estaría incriminando él mismo de la nada, al afirmar que ha sobornado a un funcionario público. Además, siempre ha sido un gran amigo del profesor Castillo. ¿Para qué tendría que embarrarlo? De otro lado, quién en su sano juicio puede acusar con fantasías a un presidente en funciones que se rodea de gente de mal vivir que podría tomar represalias contra él. Un absurdo.

La confesión de Silva es gravísima y debería servir, entre otras evidencias, para que más allá de si es posible o no llevar adelante la acusación constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo, el Congreso mande al jefe de Estado a su casa por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. No pueden seguir siendo cómplices de este personaje. Los tránsfugas, los vendidos y “Los Niños” no deberían tener al Perú secuestrado por más tiempo.

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