El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha hecho bien en aclarar que el pedido de facultades legislativas en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana no incluye un intento de “mordaza” a los medios al incluir un punto donde se penaliza la revelación de información “reservada” en el marco de investigaciones penales y policiales.
Sin embargo, más allá de las palabras del premier, lo que se debe hacer es reformular formalmente esa iniciativa, pues así como está redactada, pese a cualquier buena intención expresada verbalmente, deja abierta la posibilidad para que persiga y eventualmente se castigue a periodistas y medios que hacen su labor de difundir material de interés público.
Un Poder Judicial y un Ministerio Público como los nuestros, con magistrados capaces de cometer atropellos flagrantes como los que suelen resolverse en instancias superiores tras varios años, no son garantía de nada. Por eso, insistimos, la norma planteada por el Poder Ejecutivo debe ser lo suficientemente clara para cerrar las puertas a cualquier exceso.
Los periodistas y los medios tenemos derecho a la desconfianza luego de sucesivos gobiernos y de un Congreso que no ha hecho más que tratar de restringir la labor de la prensa y la libertad de expresión, que en estos tiempos son los mayores indicadores de la vigencia de la democracia en cualquier país.
