En tiempos de crisis por la expansión del COVID-19, muchas miradas han estado puestas, por razones de sobra, en las cárceles del país, esos lugares de pesadilla y hacinados que poco sirven a la readaptación social y donde campea la corrupción desde todos los flancos. Mucho se ha criticado a la actual gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sin embargo, estamos ante un problema histórico.

Lo que ha hecho la pandemia es poner en ojos de todos, las miserias de un sistema penitenciario que se quedó en los tiempos de las mazmorras porque ningún gobierno se interesó por cambiar esto. Hasta la semana pasada no habremos tenido situaciones violentas como las de los célebres motines e intentos de fuga ochenteros (Lurigancho, Castro Castro o El Sexto, este último con asesinato televisado de rehenes), pero eso no quiere decir que las cosas hayan caminado.

Ayer se ha aceptado la renuncia del jefe del INPE, Gerson Villar, quien había asumido el cargo el 24 de marzo, ya en plena epidemia. Su salida se da luego de un motín que dejó nueve muertos en Castro Castro y la denuncia de que dicha entidad había usado apenas el 10% de su presupuesto para esta emergencia. Está claro que todo esto es grave y que se pudo acelerar la salida de algunos internos en riesgo, cosa que recién se está haciendo. Pero el problema no es de ahora.

Ojo que nadie está pidiendo que suelten a terroristas, narcotraficantes, secuestradores, asesinos, feminicidas, sicarios, violadores, asaltantes y demás sujetos peligrosos. Pero sí hay un margen para liberar a muchos reclusos que con su salida podrían ayudar a reducir el mortal hacinamiento que existe en estos momentos en la gran mayoría de penales. Si no se hace esto de una vez, podríamos tener a miles de reclusos afectados por la pandemia.

Una vez que se tomen medidas de este tipo para salvar la situación actual, queda pendiente atacar el problema de fondo y convertir las cárceles del país en lugares al menos dignos para seres humanos. Está claro que esto no es popular y que no atraerá muchos votos, pero alguien lo tiene que hacer. Un país que en el siglo XXI se defina como civilizado, no puede tener a los internos en las actuales condiciones.