Recién ayer, dos años y 11 meses después de perpetrado el intento de golpe de estado de Pedro Castillo, el Consejo Directivo del Congreso puso fecha a la sesión en que se debatirá el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (Denuncia Constitucional 351) que propone acusar e inhabilitar por 10 años a la expremier Betssy Chávez, una de las gestoras de este atentado contra la democracia, y que se encuentra asilada en la Embajada de México a la espera de que el Perú le entregue el salvoconducto que le permitirá salir del país.
Como si esto fuera poco, ayer también la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó otro informe que plantea acusar e inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo, a la misma Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta por el mismo hecho.
Casi tres años de demora para tratar un hecho flagrante es inadmisible. Un hecho tan grave, que puso en riesgo la democracia, debió resolverse con celeridad. En lugar de eso, la lentitud del Parlamento convirtió la defensa institucional en un trámite burocrático. Y para colmo, una de las principales implicadas, Betssy Chávez, rehuyó a la justicia y permanece asilada en la Embajada de México. La inacción del Estado ha dado una mano a quien puso en riesgo el orden democrático. ¿Complicidad?
