Conforme se acercan las elecciones generales del 2026, los partidos políticos, por llamarlos de alguna manera, se han volcado a las calles a recolectar las firmas que se exige para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para lo que vienen ofreciendo una gaseosa, un paquete de galletas o una bolsa con maní con pasas a los ciudadanos a cambio de que se “adhieran” con su rúbrica a estas agrupaciones, tal como hemos informado ayer en Correo a través de una nota con despliegue fotográfico que da cuenta de esta actividad.

En teoría, quien firma a favor de la inscripción de una agrupación política para que esta pueda participar en comicios y colocar a autoridades que van a regir los destinos de los ciudadanos, es porque está de acuerdo con sus idearios, propuestas programáticas y, sobre todo, con la trayectoria de quienes son los dirigentes y quizá postulantes por ese partido. Por eso se adhiere, y con su llenado de un planillón pide su formalización. Sin embargo, hay que ser ingenuos para creer que así son las cosas en nuestro país.

Qué ideario, ideología o propuesta política puede conocer un ciudadano que al pasar por la puerta de un mercado o bajar de un puente peatonal se encuentra con un grupo de personas que le pide su firma por el partido tal o cual, y que a cambio le pueden ofrecer una gaseosa “helada” que guardan en cajas térmicas o una bolsa de cancha salada bien soleada que tienen allí a un costado. No importa quién es el candidato, qué propone, si estuvo preso, si lo han acusado de violación y si la agrupación es un brazo “legal” de Sendero Luminoso o de los narcotraficantes del VRAEM.

La razón de la existencia de los partidos políticos es ejercer la representatividad de los ciudadanos, pero qué representatividad puede haber si los adherentes se consiguen con un vaso de chicha o un marciano de fruta. Hasta acá, las críticas al sistema que permite esto y a las agrupaciones que aspiran a gobernarnos. Sin embargo, dónde queda el ciudadano que se deja engatusar por minucias. Dónde está la responsabilidad del peruano que más tarde, furioso, se queja de sus gobernantes que quizá han salido de partidos que han postulado gracias a su rúbrica.

Si las normas permiten esta burla a la democracia y los partidos apelan a ella, es el ciudadano el que debe decir no, el que debe rechazar estas dádivas que hacen daño al Perú porque facilitan que cualquier delincuente, sinvergüenza, impresentable, improvisado o payaso termine en un cargo público manejando nuestros recursos y esperanzas de vivir en un mejor país. Mejor pasar de largo, hagámoslo por el Perú. Nuestra firma no vale un “regalito”, que se busquen sus adherentes por otro lado y a través del trabajo político, y no regalando un chancay de 20 céntimos.