Pase lo que pase en los próximos días en el Ministerio Público, quede como fiscal de la Nación Delia Espinoza o la restituida Patricia Benavides, sin duda estaremos ante una institución que por el manoseo al que ha sido expuesta, sumado a su inobjetable politización e infiltración de parte de fuerzas oscuras, no va a ofrecer la menor garantía de investigaciones y denuncias profesionales y objetivas, todo esto en un contexto en que la criminalidad y la corrupción requieren ser sancionadas con todo el rigor que manda la ley.

Estamos ante una guerra interna entre facciones que no le hace ningún favor a la legalidad, la institucionalidad y la lucha contra el delito. Veamos la actuación de quienes hoy integran la Junta de Fiscales Supremos, y miremos también los antecedentes de los repuestos Patricia Benavides, señalada por favorecer a su hermana jueza presuntamente vinculada a narcotraficantes y por no ser transparentes con sus tesis de grado; y Tomás Aladino Gálvez, separado en su momento por nexos con Los cuellos blancos.

Llama la atención la desconexión de la realidad expuesta por la doctora Espinoza en las dos exposiciones televisadas luego que Benavides llegó a tratar de tomar su cargo en cumplimiento a una disposición dada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Habló del Ministerio Público como si fuera una maravilla, una institución beata y casi santa que se guía por la honestidad, la pulcritud y el respeto al derecho, cuando todos sabemos que no es así. ¿No ha visto el trabajo de José Domingo Pérez o Marita Barreto?

Parece que tampoco se ha dado cuenta que muchos de los fiscales, aunque sean autónomos en sus decisiones, se han vuelto, en la práctica, en un brazo de la criminalidad al ser expertos en sacarle la raíz cúbica a las leyes y en especial al Código Penal a fin de devolver a las calles a hampones de alta peligrosidad que con arrestados por la Policía Nacional. Que no vengan, pues a decirnos, que el actual Ministerio Público es un santuario de legalidad y honestidad en favor del ciudadano de a pie.

Tiene que existir alguna fórmula de consenso para permitir una reforma integral del Ministerio Público, una refundación diría yo, que implique la salida de la gente cuestionada, comenzando por la actual Junta de Fiscales Supremos, incluyendo a Benavides y Gálvez, con el propósito final de tener una institución en la que se pueda confiar, sean cuales sean sus decisiones. Este es un asunto que sin duda debe ser parte del debate previo a las próximas elecciones generales.