El Congreso ha promulgado una ley que obliga a los medios de comunicación a ceder gratuitamente el 10% de su programación para difundir campañas del Gobierno destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres y las familias. Aunque el propósito de sensibilizar a la población frente a esta grave problemática es legítimo y urgente, el método elegido por el Estado deja mucho que desear.

Es paradójico que se imponga esta medida a los medios cuando son ellos, precisamente, quienes han contribuido activamente a visibilizar la violencia familiar en el Perú. A través de reportajes, coberturas y denuncias constantes, los medios han desempeñado un rol fundamental en poner el tema en la agenda pública y en presionar por una mayor respuesta estatal. En ese sentido, esta obligación legal no solo resulta innecesaria, sino también injusta.

Más preocupante aún es el carácter coercitivo de la norma, que representa una clara interferencia en la libertad de prensa y una afectación directa a la autonomía editorial de los medios. La libertad de los medios para decidir su contenido es uno de los pilares de una democracia saludable, y ninguna causa, por más noble que sea, justifica su debilitamiento.

Además, existe el riesgo evidente de que estos espacios terminan siendo utilizados con fines proselitistas o propagandísticos, más que educativos. No sería la primera vez que campañas estatales terminan sirviendo a intereses políticos del Gobierno de turno bajo la apariencia de un bien común.