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Un nuevo capítulo del caso Odebrecht ha generado gran repercusión y polémica en el país. Se trata de la denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco contra el procurador ad hoc para el caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez, por haber pactado una devolución irregular a la constructora de S/524 millones. Con unas precisiones oportunas y claras, Enco se limitó a sostener que su colega favoreció a la empresa brasileña en las negociaciones sobre la reparación civil. Lo único que faltaba: dos defensores del Estado, en materia jurídica, enfrascados en un conflicto mayúsculo. Dos representantes del Gobierno peleándose entre sí. Una mala señal para los peruanos.

Lo cierto es que esto no hace más que profundizar la crisis institucional en nuestro país. La sensación que queda es que el accionar del procurador denunciado está en tela de juicio y las dudas sobre cómo se maneja el caso Odebrecht empiezan a producir un impacto negativo.

De acuerdo con esta realidad, se impone una investigación a fondo, con acciones que demuestren que de parte del Gobierno existe transparencia y decisión en la lucha contra la corrupción, para que todo lo que tenga que ver con el caso Odebrecht sea aclarado sin dejar señales de que algo indebido o debajo de la mesa se está tramando. Y que no se incurra en la abusiva costumbre de imponer consignas contra otros para sentirse más limpios, algo que en los últimos tiempos está agravando la crisis política por la que atraviesa el Perú. El país necesita las cosas claras y que no haya la percepción de que los acuerdos sobre estos temas benefician a la constructora.

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