La presidenta Dina Boluarte ha cumplido con el mandato constitucional de convocar a elecciones generales dentro del plazo establecido por la ley, con lo que formalmente arranca la etapa previa a los comicios, que sin duda llevará a que el foco de la atención se centre ya no tanto en las acciones del Poder Ejecutivo, sino en lo que hagan los eventuales candidatos y las múltiples agrupaciones políticas existentes por captar el voto de los ciudadanos ávidos de ver solucionados los graves problemas que los afectan en su día a día.

Sin embargo, como han señalado algunos analistas en las últimas horas, la inevitable convocatoria a elecciones podría significar también el quiebre de la alianza tácita que existe entre el gobierno de la presidenta Boluarte con algunas agrupaciones política a las que no les resultaría electoralmente rentable iniciar campaña con el pasivo de ser el soporte de un régimen con menos del 5% de aprobación en las calles. Al grito de “sálvese quien pueda”, optarían por alejarse y no respaldar más a una administración agonizante.

Con la convocatoria hecha por la jefa del Estado se cierra cualquier posibilidad de un adelanto de elecciones, el sueño dorado de la izquierda desde que se quedó desamparada y alejada del poder tras la caída del corrupto y golpista de Pedro Castillo. Recordemos que promovieron la violencia e incendiaron el país para que renuncie la mandataria y se convoque a nuevos comicios. Hoy está claro que la primera vuelta será el 12 de abril del 2026, y que el 28 de julio de ese año habrá nuevo presidente.

Sin embargo, lo que la jefa de Estado debe tener en claro es que la convocatoria por sí sola, no la salva de cualquier posibilidad de vacancia. Recordemos que en el año 2000, Alberto Fujimori fue echado en medio de un gran escándalo de corrupción por la difusión del primer “vladivideo”, luego de convocar a los comicios del 2001; y que lo mismo pasó con Martín Vizcarra en noviembre del 2020, en que fue expectorado de Palacio de Gobierno por incapacidad moral a seis meses de los comicios del 2021, a los que ya se había llamado.

Si la mandataria desea llegar al 28 de julio del 2026, debería tratar de aclarar –si puede– los escándalos en que anda metida (casos Rolex, Cofre, andanzas de Nicanor Boluarte, empleos en el Estado a cambio de cirugía estética, entre otros), pues sus hasta ahora aliados, en adelante podrían no perdonárselos. Que vea lo sucedido con el censurado Juan José Santiváñez, a quien le bajaron el dedo una vez que respaldarlo se hizo impopular tras el asesinato del cantante de Armonía 10, Paul García. Tomen nota.