La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria tiene que ser tomada como una oportunidad para generar un nuevo marco legal, que permita seguir con el crecimiento de actividad agroexportadora y que también sea favorable para los trabajadores del sector.

El punto medio hubiera sido la aprobación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que modificaba solo la parte laboral de la Ley de Promoción Agraria, pero la decisión mayoritaria del Congreso de derogar la norma por completo, y la del presidente Sagasti, de no observará la medida, nos ha llevado a un punto en el que esta actividad productiva no está normada y urge que lo esté.

El Congreso y el Ejecutivo tienen aquí una gran oportunidad para demostrar que ya han dejado de lado sus rencillas, las mismas que los ciudadanos venimos padeciendo desde el 28 de julio de 2016 y que nos han llevado a tener cuatro presidentes de la República y dos Parlamentos en ese mismo lapso.

El agro -y todas las actividades económicas del país- necesitan una normativa que les brinde estabilidad, para que los inversores sepan que están apoyados, pero esa es solo una parte del todo. Este mismo marco legal debe proteger al trabajador, que es parte importante de la cadena productiva.