El Congreso culminará su mandato en apenas un año y tres meses, pero su actuación política no parece guiada por la prudencia o el respeto institucional que exige un final de gestión. Por el contrario, con un respaldo ciudadano en mínimos históricos y tras haber favorecido a la criminalidad con diversas normas, ahora pretende emprender la reforma del Código Penal. Se trata de una decisión sumamente peligrosa, no solo porque el tiempo que queda es insuficiente para un trabajo serio y técnico, sino también porque la comisión encargada estará integrada únicamente por congresistas.
Nos cuesta entender que los congresistas, que han dado muestras de su incapacidad y rapacidad. tengan en sus manos una reforma crucial para el sistema de justicia.
El otro problema es que se ha hecho todo al revés. Lo primero que se debió hacer es crear una comision de expertos, luego trabajar con ellos la política criminal que se requiera y dejar que esa labor tome su tiempo.
La naturaleza de un Código Penal es sumamente compleja. Sus disposiciones tienen que tener un gran nivel de sistematización, entre su parte general y especial.
El riesgo es evidente: que el nuevo Código Penal termine reflejando intereses particulares o cálculos políticos en lugar de constituirse en un verdadero instrumento de justicia para la ciudadanía. El Perú necesita cambios, sí, pero cambios verdaderos, responsables y construidos sobre bases sólidas. No sobre la precariedad y el descrédito que hoy envuelven al Congreso.
