“Nada ahuyenta más a una cucaracha que prender la luz”, dice un viejo adagio oriental. La frase cobra especial vigencia cada vez que el Gobierno insiste en atacar y desacreditar a los medios de comunicación. Lo que está en juego no es solo una pugna entre periodistas y autoridades, sino algo mucho más grave: la libertad de prensa en el Perú.

La administración de Dina Boluarte parece querer una prensa que se adapte a sus deseos, una que calle ante las denuncias y oculte las investigaciones que afectan a su entorno. La mandataria y varios de sus funcionarios están inmersos en presuntas irregularidades. En lugar de responder con transparencia, su reacción es atacar a quienes informan.

Recientemente, el ministro de Educación, Morgan Quero, declaró que algunos medios ejercen un “acoso sistemático” contra Boluarte y que estarían motivados por la reducción de la publicidad estatal. “En otros gobiernos sí había más posibilidades de dar recursos con fines publicitarios, ahora ya no”, insinuó. Esta lógica no solo es peligrosa, sino profundamente equivocada: la independencia periodística no se compra ni se alquila.

Como solía repetir un profesor universitario, “la información es como el agua”: pueden intentar frenarla, pero siempre encontrará un nuevo cauce para seguir su curso. Pretender que el periodismo se someta al poder es ignorar su razón de ser.

Si un Gobierno genera escándalos, fracasa frente a la inseguridad ciudadana, derrocha recursos públicos y da señales de corrupción, la culpa no es de la prensa. El Ejecutivo no puede esperar que los medios aplaudan lo que merece crítica, ni que callen ante lo que la ciudadanía tiene derecho a saber.