Una contradicción total que a los pocos días de nombrar como titular de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte salga a hablar de “dejar atrás las divisiones entre los poderes del Estado”, cuando tal designación es una afrenta al Congreso que hace pocos meses censuró a dicho personaje, y al sistema de justicia que lo investiga por diversas presuntas irregularidades que el flamante ministro ni muestra interés por esclarecer.
También es una ironía que la presidenta Boluarte trate de mostrar que hace esfuerzos para poner freno a la criminalidad, cuando precisamente acaba de regresar a su gabinete a Santiváñez, que fue echado del Ministerio del Interior por el Congreso por su ineptitud para poner en vereda a los delincuentes, que es lo que el país exige. Se supone que deberían ser convocados los mejores, y no los que ya fracasaron, y que por sus “anticuchos” es más lo que resta que lo que suma.
Cómo se van a llevar a cargo coordinaciones, por ejemplo, entre los órganos del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público para hacer frente a extorsionadores, asesinos y otras lacras, si el mismísimo titular de Justicia y Derechos Humanos se niega a acudir a una diligencia fiscal de reconocimiento de su voz de unos audios que se le atribuyen, pero que el funcionario niega desde hace por lo menos un año. Parece una broma de mal gusto, una tomadura de pelo.
Todo esto sucedió ayer en Palacio de Gobierno, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que está muy bien que se lleve a cabo porque la unidad entre los organismos del Estado es lo único que va a permitir que se reduzcan los niveles de criminalidad. Sin embargo, ese esfuerzo, de saque, parte cojeando por la presencia de Santiváñez, quien debió aclarar todos los asuntos que tiene pendientes antes de estar de vuelta en un gabinete ministerial.
Mientras tanto, veremos qué actitud toma la mayoría del Congreso respecto al censurado Santiváñez, quien apenas en marzo último tuvo que irse a su casa tras abultada votación. ¿El pedido de explicaciones al premier Eduardo Arana se convertirá en una moción de censura? ¿Funcionará el control político que corresponde hacer al Poder Legislativo?, ¿o la alianza con el Congreso hará que, como creo, las críticas pasen al olvido en dos o tres días más? A estar atentos.
