En los últimos días, ante la indignación ciudadana por la ola de violencia, el Poder Ejecutivo y el Congreso se han puesto a trabajar en materia de seguridad ciudadana. Se ha enviado a criminales de alto perfil al gélido penal de Challapalca, han aprobado el uso de armas no letales para los serenos y la Policía Nacional del Perú (PNP) fue declarada en emergencia por 180 días, entre otras cosas, y eso está muy bien. Sin embargo, es urgente una buena limpia en la PNP, a fin de quitar del camino a los malos elementos.
Una ruta para por mejorar los filtros en los centros de formación, a fin de que solo los jóvenes con buen rendimiento académico, conducta intachable y verdadera vocación de servicio, pasen a las filas de la PNP. Pero también es vital modificar el régimen disciplinario para impedir que los malos elementos, incluso varios que han estado presos, sean devueltos al servicio, al uso de armas, al manejo de recursos y a recibir los beneficios creados para los buenos agentes.
No puede ser que policías que han sido sorprendidos robando, extorsionando, traficando armas, dando alertas a delincuentes o simplemente vagando en horas de servicio, sean expulsados administrativamente luego de largos procesos, y que más tarde sean reincorporados a través de dudosos amparos dados por el Poder Judicial, que en la práctica se ha convertido en el que determina quién debe seguir en actividad y quién no, con lo cual, además, se rompe la disciplina que debe regir en una institución jerarquizada.
Es más, existe entre los abogados peruanos toda una “especialidad” que se dedica a litigar ante el Poder Judicial para lograr la reincorporación de malos elementos. Esto lo sabe cualquier policía en actividad o retiro, cualquier político y cualquier exministro del Interior convertido hoy en “experto” en seguridad ciudadana, pero nada se ha hecho para sacar de este proceso a los jueces, a fin de facilitar la expulsión definitiva de las manzanas podridas que malogran todo el trabajo de los buenos efectivos.
Alguien en el Congreso debería tomar como suya esta problemática a fin de encontrarle una solución de inmediato. Los malos elementos deberían ir a la calle o a la cárcel, sin la posibilidad de que algún juez les arroje un salvavidas y los reincorpore en perjuicio de la ciudadanía. La lucha contra la criminalidad jamás podrá avanzar si la policía está infiltrada por delincuentes de uniforme que se ríen en la cara de sus superiores, gracias a jueces a los que también habría que investigar.
