La sentencia contra Pedro Castillo, dictada ayer por el Poder Judicial, lo convierte en el quinto expresidente peruano condenado a prisión en los últimos años, un registro tan insólito como alarmante. Pero esta vez no se trata solo de corrupción o de malas decisiones políticas: el tribunal también responsabilizó a parte de su círculo ministerial por participar en un intento de quebrar el orden democrático. Lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 no fue una improvisación torpe, sino un acto deliberado para subvertir la Constitución.
El fallo es una decisión ejemplar, aunque implica muchos menos de lo pedido inicialmente por la Fiscalía. La democracia peruana, frágil y vapuleada, necesitaba una respuesta firme ante un hecho tan grave como un intento de golpe de Estado. No puede haber ambigüedad frente a quienes pretenden suprimir libertades, concentrar el poder y dirigir al país hacia una deriva autoritaria. Condenar estos actos no es cuestión de simpatías políticas, sino de defender el pacto básico que permite que las diferencias se resuelvan en las urnas y no por la fuerza.
De cara a las próximas elecciones, este episodio debe servir como un llamado urgente a la reflexión. No se trata de dejarnos llevar por discursos estridentes ni de apostar por supuestos “salvadores” improvisados, sino de exigir integridad y respeto por las reglas. Si queremos romper el ciclo de desilusión, corrupción y crisis, debemos asumir que el primer paso comienza con cada uno de nosotros, con nuestro voto y con la responsabilidad cívica de elegir mejor.
