La extorsión se ha consolidado como una de las formas rentables de la criminalidad en nuestro país. No solo por su efectividad para generar ingresos ilícitos, sino porque, amparada por la impunidad, se multiplica sin freno. Mientras las autoridades se enredan en discursos sin impacto real, los delincuentes siguen avanzando, controlando calles, rutas y, lo más preocupante, la vida de los ciudadanos.
Uno de los sectores más golpeados es el transporte. Por ello, hoy en la capital: más de 400 líneas acatarán un paro como forma de protesta y defensa. No es una decisión arbitraria, sino una reacción ante una realidad brutal. En los últimos seis meses, más de 50 transportistas han sido asesinados por negarse a pagar cupos a bandas extorsionadoras. Además, estos grupos criminales controlan ya 303 kilómetros de rutas en Lima y Callao. Es una cifra que no debería existir en un país con autoridad.
Pero el fenómeno no se limita al transporte. Ayer, en una cola para el concierto del grupo coreano Stray Kids, personas denunciaron que se les exigía dinero a cambio de “seguridad”. Una práctica mafiosa que se repite cada vez con más frecuencia. No sorprende entonces que, en solo tres meses de este 2025, se hayan registrado 2,656 denuncias por extorsión, según datos del SIDPOL. En 2021, eran apenas 230 en el mismo periodo. Una cifra alarmante.
La conclusión es clara: estamos ante una situación absolutamente fuera de control. Y lo más grave es que el Gobierno no da señales de tener la voluntad ni la capacidad para enfrentarla.
