La presidenta Dina Boluarte no tiene un partido político que la acompañe. Fue expulsada de Perú Libre el 23 de enero del 2022 por “promover el quebrantamiento de la unidad partidaria y el desprestigio de sus autoridades y afiliados”.

Huérfana de partido político y de respaldo popular, recurre a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a fin de afianzarse en el poder. La represión indiscriminada contra las movilizaciones y el trágico saldo de 27 personas fallecidas por disparos de efectivos militares, impulsó la convocatoria de una “movilización por la paz” nada menos que por la Policía Nacional en abierta violación constitucional, aunque haya sido dejada sin efecto.

Utiliza el Estado como instrumento político para contrarrestar el reinicio de las movilizaciones populares, especialmente en zonas andinas y del sur, las que reclaman el “cierre del Congreso”, “elecciones para el 2023″, “nueva Constitución”, “renuncia de Dina Boluarte” y “libertad de Pedro Castillo”.

En lugar de aplicar el diálogo con todos los sectores políticos y atender las demandas ciudadanas, buscando acuerdos que permitan aumentar la recaudación tributaria del actual 15% al nivel promedio de América Latina del 22%, para empezar a brindar acceso a servicios de calidad en educación, salud, trabajo digno, aplican la política de oídos sordos y reprimen violentamente.

Es necesario que se vayan todos y se adelante las elecciones previa reforma política electoral básica.

Ante la debilidad de los partidos, los sectores conservadores de derecha maniobran con el Estado en sustitución de partidos políticos, mientras que la izquierda progresista sin Estado, necesita construir un partido político progresista, democrático capaz de remontar la crisis política con propuestas de unidad y absolutamente viables. De no hacerlo, avanzamos en el camino del fracaso.