El gobierno de Vizcarra se ha caracterizado por su confrontación con los estamentos políticos y sociales del país. El Congreso disuelto fue su principal blanco.

Enarbolando la lucha contra la corrupción y envanecido por la (ahora dudosa) alta aprobación de las encuestas, impuso la aprobación de reformas al sistema judicial y electoral, con modificaciones constitucionales que luego fueron sometidas a referéndum.

La creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, la no reelección inmediata de parlamentarios y la bicameralidad, fueron prometidas como la panacea.

Posteriormente, hizo cuestión de confianza sobre la reforma al sistema de elección de los Magistrados del TC, seis de los cuales ya se encontraban con mandato vencido. Meses después, cuatro de los favorecidos declararon infundada la contienda de competencia promovida por la Comisión Permanente, que cuestionaba la inconstitucional disolución.

A dos años de esos acontecimientos, ¿qué es lo que tenemos en concreto? Una JNJ que no puede, hasta ahora, realizar un nuevo concurso de jueces y fiscales, un nuevo Congreso que no termina de definir las reglas electorales para las elecciones del 2021 y un TC que sigue conformado por los mismos magistrados que apoyan las acciones del gobierno.

Las reseñadas propuestas del gobierno fueron presentadas como las que solucionarían los problemas de corrupción del país, pero no han sido más que mentiras oportunistas utilizadas para encubrir el talante corrupto y antidemocrático de este gobierno.

TAGS RELACIONADOS