La tragedia ocurrida con el puente Chancay nos obliga a hacer un análisis integral de la problemática vial en el país. Un primer punto tiene un origen estructural en los tipos de contratos de concesión que al día: se necesita resolver por qué dentro de una concesión vial se tienen activos que pertenecen al concesionario y activos que pertenecen a Provias Nacional. Siendo que el concesionario es responsable de la seguridad vial y transitabilidad dentro de toda el área de su concesión, no hace sentido que existan puentes dentro de ellas que sean de administración de un tercero. Aun así el puente no haya estado en el contrato del concesionario Norvial, sí lo está en el ámbito de la concesión y sí es pasible de fiscalización y supervisión del supervisor de la concesión (OSITRAN).
Un segundo punto es ponernos de acuerdo. ¿Qué vale más, el papel o la vida? ¿Queremos informes de supervisión que nos digan que todo se cumple conforme al contrato de concesión, o supervisiones que exijan medidas correctivas de gobernanza y seguridad vial para reducir la incidencia de siniestros? ¿Queremos contratos que realmente respondan a la necesidad de la población y que nos protejan, o contratos leoninos? Por ello, se requiere una nueva generación de concesiones viales que hagan suyas toda la infraestructura preexistente a sus contratos: la carne viene con hueso. En aras de la eficiencia, es imperativo que Provias Nacional no administre ningún activo en áreas de concesión privadas.
Que no se mal interprete la crítica. En un país de ingreso medio como el Perú, claro que necesitamos de las Asociaciones Público Privadas (APP). Necesitamos más y mejores concesiones, pero en el marco de una política de concesiones objetiva y transparente.Solo así defendemos la vida y solo así hacemos viables las APP.
