El expresidente Martín Vizcarra es un hombre con mucha suerte. Aún si el viernes último el Poder Judicial decidía mandarlo a la cárcel de manera preventiva hasta que salga su sentencia por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el hombre ya puede darse por servido, pues es el único de nuestros exmandatarios metidos en actos de corrupción al que jamás se le ha dictado una medida restrictiva a su libertad a pesar de las cantidades industriales de evidencias que existen en su contra.

La investigación que se le sigue por presuntamente recibir coimas en su condición de gobernador regional de Moquegua a cambio de otorgar buena pro a empresas contratistas manejadas por una manga de corruptores y sinvergüenzas, empezó hace cinco años con la salida la luz de chats, recibos y testimonios que acusan a Vizcarra de ser un gran coimero que se guardaba los fajos de dólares en el bolsillo del saco, incluso siendo ya ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, en todos estos años Vizcarra no ha pisado un penal ni por un minuto. Como lo ha señalado ayer en este diario el penalista Luis Lamas Puccio, ha existido y existe protección en favor del caballero, al que se trata con guantes de seda a diferencia de otros expresidentes (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo), a los que se les dictó prisiones preventivas por evidencias en algunos casos mucho más débiles que las que pesan sobre el exgobernador de Moquegua.

Incluso también se dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori y Nadine Heredia, que ni siquiera han sido funcionarias públicas. El que la segunda de las mencionadas haya sido luego condenada a 15 años y esté hoy en condición de prófuga, es un hecho posterior. En cambio, a Vizcarra, en todos estos años mientras espera su sentencia, no le ha pasado nada, e incluso se da el lujo de viajar para hacer campaña política a pesar de que es un apestado para la función pública por tener encima tres inhabilitaciones vigentes.

Cuando alguien quiera encontrar una clara evidencia de cómo la justicia está politizada en el Perú y de la forma en que cambian los estándares y criterios al momento de aplicar el Código Penal según quién sea el personaje caído en desgracia, allí está el caso de Vizcarra, el que además parece empeñado en hacer largo el juicio oral que afronta, quién sabe con qué motivaciones. Ya habrá tiempo para que ciertos fiscales, pero sobre todo jueces, respondan por la mano blanda hacia quien se enorgullece de ser apodado “Lagarto”.