El dueño de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, debe tener la cara bien dura como para lanzarse de candidato presidencial por tercera vez, cuando acaba de renunciar a su cargo de gobernador regional de La Libertad habiendo ejecutado de enero a octubre de este año, apenas el 45% del presupuesto que tenía asignado para seguridad y orden público, como si esta jurisdicción no fuera una de las más violentas del país debido a la proliferación de extorsionadores, sicarios y mineros ilegales.
Así lo señala un estudio de Videnza Instituto elaborado para Correo, que fue publicado ayer en nuestras ediciones de Lima y La Libertad. Allí queda claro que la administración regional a cargo de Acuña no ha sido capaz de usar el dinero que había en sus arcas para tratar de poner freno a la ola de criminalidad, como apoyo al trabajo que hace el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, que son los principales responsables en la lucha contra el delito.
Resulta irónico que quien por andar de viajes de vacaciones y también por su incapacidad para armar un buen equipo de trabajo, no supo gestionar eficientemente los recursos públicos para hacer frente a un problema brutal que cobra vidas todos los días, ahora quiera ser presidente del Perú. Si no ha podido con hacer frente con eficiencia al reto más grave de La Libertad, por qué los electores tendrían que pensar que Acuña hará bien las cosas desde Palacio de Gobierno en caso de ganar las elecciones.
Es bueno recordar que esta es la segunda vez que Acuña abandona su cargo de gobernador regional de La Libertad para postular a la Presidencia de la República. Lo hizo en 2016, y años después aseguró que no haría lo mismo, que se quedaría hasta finales del 2026 trabajando por los liberteños que le habían dado una nueva oportunidad de trabajar por ellos. Sin embargo, ya vemos que la palabra empeñada de este caballero no vale nada cuando de por medio está la posibilidad de alcanzar el poder.
El Perú necesita un presidente gestor y capaz de luchar contra la inseguridad, y es evidente que Acuña no puede ofrecer resultados. Allí están las cifras, que no permiten mentir. Invertir menos de la mitad del presupuesto para seguridad en la que quizá es la región más violenta del país, no merece ninguna justificación. No hay perdón, y eso debería llevar a que los ciudadanos castiguen en las urnas a quien no ha trabajado por ellos y además les ha mentido.
