Ha expresado Martín Vizcarra que la crisis enseña lo importante que es la salud y que, junto con la educación, son los pilares del desarrollo. Tiene razón. Concordante con esta prédica, es fundamental que el gobierno, así como se preocupa en subsidiar a las empresas para no interrumpir la cadena de pagos, haga lo propio con las universidades, para no interrumpir la cadena educativa, la secuencia de los procesos formativos. El ajuste en las finanzas personales que supone el paro de la economía por el coronavirus obligará a revisar prioridades en los hogares. Y esto afectará especialmente al casi millón de estudiantes de las universidades privadas, que absorben el 75% del alumnado universitario nacional, gran parte del cual, de escasos recursos.

La industria educativa, en especial la de la educación superior privada, ha reaccionado rápido para sostener su oferta, adaptándose a la tecnología necesaria para continuar su tarea y no interrumpir la instrucción de miles de jóvenes. Pero ese esfuerzo quedará trunco si el alumnado se reduce drásticamente. Ya varias universidades privadas han perdido por las inversiones en activos fijos que no serán utilizados en tiempos que piden la virtualización de la educación, la cual supone otro tipo de inversiones adicionales. Pero lo más grave sería interrumpir el proceso educativo de miles de jóvenes. Muchos ya no volverán a las aulas por la premura del trabajo de baja productividad, pero de liquidez inmediata, lo que, a la larga, profundizaría la desigualdad social.

El gobierno puede evitarlo con un subsidio cuya canalización y control no serían complicados y que hasta puede ser segmentado. Quizá una alternativa sea ir por el modelo de vouchers que proponía Milton Friedman. Que prime la coherencia del discurso oficial con las acciones de política y apostemos de verdad por la educación. Este es el momento de demostrar, con hechos, ese compromiso y esa convicción.