El anuncio del congresista Edwin Martínez sobre su aspiración a la Presidencia de la República sería anecdótico si no estuviera enmarcado en un contexto que refleja el profundo deterioro del Congreso como institución. Martínez, quien recientemente fue objeto de abucheos en Arequipa y se encuentra envuelto en polémicas por la contratación de Isabel Cajo, una modelo de OnlyFans vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento, representa un ejemplo más de la degradación y descomposición del Congreso.
Las declaraciones de Martínez justificando esta contratación, asegurando que “para el cargo no necesita ser profesional” y prometiendo reincorporarla si llega a Palacio de Gobierno, no solo son una afrenta al cargo que ocupa, sino también un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Actitudes como esta consolidan la percepción de que muchos congresistas actúan con total desprecio por el mandato popular y sin rendir cuentas ante la ciudadanía.
Pero Martínez no es el único caso que alimenta el descrédito del Congreso. La reciente denuncia constitucional presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete parlamentarios, acusados de peculado doloso por utilizar pasajes financiados por el Estado para asistir a un cumpleaños, añade otra mancha al historial de irregularidades de esta legislatura.
Lo más preocupante es la aparente indiferencia de algunos legisladores ante estos casos, minimizando las denuncias o tratando de desviar la atención. Las autoridades judiciales y de control no deben permitir que estas irregularidades queden impunes. Investigar hasta las últimas consecuencias es un deber ineludible para restaurar, aunque sea parcialmente, la confianza en nuestras instituciones.
