Todo indica que el operativo del Gobierno para apartar al coronel Harvey Colchado del equipo especial de la policía, que apoya al Ministerio Público, está en marcha. La Inspectoría General de la PNP, con un jeje nombrado recientemente por el Gobierno, citó para hoy al oficial a la Oficina de Disciplina en una clara señal de que el presidente Pedro Castillo va con todo contra los que investigan el caso de la presunta corrupción de su entorno.

La fiscal Marita Barreto adelantó que se va a suspender a Colchado hasta que termine la investigación en su contra, proceso que duraría entre uno y dos años. Esto no solo sería una evidencia de la obstrucción a la justicia del mandatario sino también una vulneración a la independencia de instituciones. Pese a que Castillo siempre aprovecha para darse unos golpes de pecho al afirmar que es respetuoso del Estado de Derecho ya el hecho que tenga que aclarar esto con frecuencia, da mucho que pensar.

Lo que parece es que el jefe de Estado no desea que una sistemática y concienzuda investigación policial devele lo único importante que debemos saber: si hay una organización criminal en Palacio de Gobierno. Esto se puede interpretar como que Castillo lo único que quiere es ser beneficiario del trabajo de la PNP y el Ministerio Público.

Sin embargo, algo es crudamente cierto. El problema le ha reventado en las manos al Gobierno y nada (ni intentos desesperados de neutralizar las pesquisas) parece capaz de revertirlo.