El pasado jueves, en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se debía recoger la opinión de cuatro ministerios sobre el predictamen de la ley que regula el régimen especial para la pequeña minería y la minería artesanal (MAPE), la norma que debería reemplazar al cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).Considerando que el Gobierno ha anunciado una lucha contra la minería ilegal, cualquiera pensaría que los ministros harían cola para analizar la propuesta, pero no. Los ministros Jorge Montero (Energía y Minas), Raúl Pérez-Reyes (Economía), Juan Castro (Ambiente) y Fabricio Valencia (Cultura) ni asistieron.Con el REINFO por vencer el 30 de junio y el Congreso en receso, la única explicación a ausencia es que el Ejecutivo decidió extenderlo hasta fin de año. No hay otra lectura.Seamos claros: la Ley MAPE no es una panacea ni resolverá por sí sola los problemas que rodean a la minería informal. Pero el REINFO sí es, en los hechos, una patente de corso para grupos ilegales que se escudan en un proceso de formalización sin plazos ni consecuencias reales. Que el Gobierno haya optado por prorrogarlo otros seis meses solo demuestra que no le importa ni la seguridad ciudadana ni la vida de las miles de personas que sufren el impacto de la minería ilegal. Pataz es un ejemplo alarmante, pero no es el único: su modelo se replica con velocidad en otras zonas del país donde la riqueza mineral es, a la vez, una bendición y una maldición.

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