Por estos días se cumplen cuatro años desde que la constructora brasileña Odebrecht admitió ante el mundo haber sobornado a autoridades y políticos de diferentes países de la región, entre ellos el Perú, para ganar licitaciones y llenar de plata sucia sus bolsillos.

En nuestro caso, la mugre ha alcanzado a todos los gobiernos de las últimas dos décadas, así como a la mayoría de líderes políticos, nacionales y locales, de todas las tendencias. Son pocos los que se han salvado. Sin embargo, pese al tiempo, las sentencias contra esta gente son inexistentes.

Es verdad que hemos tenido ruidosas y mediáticas prisiones preventivas. Están los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Luis Castañeda, así como al arresto dispuesto contra Alan García, antes del cual se suicidó. Sin embargo, no hasta ahora no hay nada más. Y lo mismo sucede con otras decenas de implicados.

Han pasado cuatro años y las expectativas eran muchas. El país exigía y exige justicia. No obstante, el Ministerio Público avanza a paso lento, sin terminar de armar casos para proceder a denunciar y permitir que se inicien los juicios que deriven en sentencias o absoluciones. ¿Por qué tanta demora? ¿En el 2021 veremos concluido algún caso? Es lo mejor que podría pasarle a un país harto de la corrupción.