¿Y qué pasó con los IIRSA?

Esta semana aparecieron acusaciones de corrupción en las concesiones de las transoceánicas peruanas, apuntando en las corresponsabilidades a empresas brasileñas y a funcionarios de los gobiernos de Toledo y García.

Estos proyectos se vienen desarrollando bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) bajo un esquema de concesión, modalidad de contratación por la cual el Estado se asocia con un inversionista privado experto en el sector, para aprovechar su capacidad financiera y organizativa en el desarrollo de un proyecto de infraestructura y su sostenimiento a largo plazo. Y cuando se ciernen estas sombras de corrupción, los enemigos de la participación privada en áreas normalmente reservadas a la provisión pública se anotan puntos para desprestigiar un modelo de gestión que puede ser muy exitoso, como es el caso de las APP.

Si bien es cierto que las acusaciones alcanzan al gobierno de García, la mayor carga indiciaria -porque cabalmente no podemos hablar todavía de pruebas sino de indicios- recae en los proyectos IIRSA Sur que tuvieron lugar durante el gobierno de Toledo. Siendo ese el caso, no sería mala idea que en la investigación ulterior que esta denuncia pudiese gatillar, posiblemente ya a nivel local, se incluya también al proyecto IIRSA Norte, adjudicado bajo similar modalidad a una constructora brasileña también durante el gobierno de Perú Posible.

Hay que notar que todos los ejes IIRSA fueron los primeros proyectos viales de gran envergadura que se adjudicaron bajo concesión, apelando a elevados cofinanciamientos estatales -cercanos al 100% de lo invertido- en la forma de pagos anuales por obras y pagos anuales por operación y mantenimiento, que comprometían presupuestos públicos al privado de manera fija, independientemente del cobro de peajes que, en los casos referidos, no incidían mucho en los ingresos. De hecho, esto reducía notablemente los riesgos para los privados al eliminar casi por completo su dependencia del tráfico, lo que motivó que algunos nos opusiéramos en su momento a implementarlos así. Pero la prisa política por aparecer en la foto, como socios preferentes de Brasil, fue más fuerte.

Sería sano para el sistema de APP nacional que se investigue no solo a los presidentes, sino a ministros, viceministros y hasta a la gente de ProInversión que pudieran haber tenido responsabilidad en los supuestos cargos y esclarecer todo de inmediato. Por el bien de un buen sistema que no merece caer en el desprestigio de una corrupción que todo lo envilece.