Las protestas y reclamos de la llamada Generación Z, junto con colectivos y sindicatos, han cambiado de tono y objetivo. Lo que comenzó como una exigencia al Gobierno para enfrentar la extorsión y la criminalidad, hoy se ha transformado en un pedido político: el cierre del Congreso y la destitución del presidente interino José Jerí. El país observa cómo las demandas sociales se mezclan con intereses políticos, y cómo el descontento ciudadano es aprovechado por quienes buscan pescar en río revuelto.
Para hoy se han convocado marchas y un paro en varias ciudades del país. Ojalá sean manifestaciones pacíficas. Nadie quiere volver a ver las calles convertidas en trincheras, ni las protestas legítimas contaminadas por los que apuestan por el caos. Porque detrás de las banderas y consignas hay también agitadores profesionales que solo saben operar con violencia. Son los mismos de siempre: los que no creen en el diálogo, los que pretenden imponer su verdad a golpes, los que destruyen lo que dicen defender.
El riesgo es alto. Cada estallido social deja heridas abiertas y más desconfianza. Con la violencia no se derrumba solo un gobierno, se erosiona el sistema democrático entero. Y sin democracia no hay futuro. Las instituciones están debilitadas, la clase política desprestigiada y la ciudadanía agotada.
El Perú ya no tiene margen para más sobresaltos. El caos y la anarquía no son soluciones, son el preludio del desastre. Si queremos un país con rumbo, necesitamos estabilidad, autoridad y diálogo real.
