10 mil juicios agobian al GRC

Pasaron 12 años desde la creación de los gobiernos regionales mediante la ley 27867 y desde entonces el Gobierno Regional de Cusco (GRC), acumuló más de diez mil juicios e investigaciones que generan un perjuicio económico a la entidad y que se incrementarán con el pasar de los años.

Es la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco, la que asume la defensa de los intereses de la sede central y de todas las entidades , proyectos, direcciones y otros que conforman el GRC.

Cifras. De los más de diez mil procesos que afronta la entidad regional, 7 mil están relacionados a casos contencioso administrativos, es decir, aquellos que buscan las reivindicaciones laborales de los trabajadores de los diferentes sectores, informó el procurador público del Gobierno Regional de Cusco, Nilo Paravicino Alarcón.

Paravicino, explicó que los más de 10 mil procesos se dividen en lo penal, contenciosos, laborales, arbitrajes y de conciliación.

“Los casos contenciosos son los que más tenemos y son estas reposiciones laborales, que es una bomba de tiempo, de todos modos vamos a ver la forma para reducir esta pesada carga que genera un gasto económico”, precisó Paravicino.

Existe la predisposición de parte de la gestión del gobernador regional, Edwin Licona, de dotar de por lo menos de 20 abogados especializados a la Procuraduría Pública Regional de Cusco. En los próximos días Paravicino sostendrá una reunión con los funcionarios de la entidad regional para concretar este ofrecimiento.

Aunque el letrado es consciente de que estas investigaciones y juicios no podrán resolverse en los cuatro años de gestión de Licona.

“Siempre se arrastrarán sobre todo lo que es contencioso y laboral, porque en cada gestión se saca un montón de personas y esas personas hacen sus procesos de reposición en el Poder Judicial, al amparo del decreto legislativo 728 y 276”, acotó Paravicino.

A estos procesos también se suma el aumento desmesurado de personal en la sede central del GRC, una gran parte repuestos judiciales, contratados y los nombrados suman a un poco más de 200 servidores, en la actualidad.

Laboral. El exprocurador público regional de Cusco, Luís Gallegos Inquiltupa, en la gestión del presidente regional Hugo Gonzáles Sayán, confirmó que las gestiones que ingresan al GRC tienen por política de retirar al personal contratado y “colocar a su gente”, un hecho que ha posibilitado la vulneración de derechos laborales y los servidores afectados acuden al Poder Judicial para hacer valer sus derechos, generándose las reposiciones judiciales.

Gallegos, recomendó que la salida para evitar los procesos contenciosos es que se tenga un adecuado manejo administrativo en la entidad regional y se apliquen las normas de contratación de personal de acuerdo a ley, para evitar los juicios.

Aunque también ayudaría la aplicación de la Ley del Servicio Civil, que podría poner orden en la entidad regional.

Todos los procesos que se inician en las Unidades de Gestión Educativas Locales, direcciones regionales, proyectos especiales y demás entidades del GRC, interviene la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco, es por ello la gran cantidad de juicios e investigaciones en la actualidad.

Caso JS. En la gestión de Hugo Gonzáles Sayán (2007-2010), se inició uno de los casos de corrupción catalogados como emblemáticos, donde la Sala Penal Liquidadora Transitoria del Cusco dictó sentencia contra Gonzales Sayán de ocho años de cárcel por haber sido sindicado como el autor del delito de colusión en la licitación de las 13 carreteras a favor de la empresa JS Contratistas.

La Sala también dictó pena privativa de libertad de siete años y tres meses contra el exvicepresidente del GRC, Mario Ochoa Vargas como autor de tráfico de influencias y cómplice primario del delito de colusión en contra de la región.

Otro sentenciado fue Guido Gallegos Cáceres, exgerente de Infraestructura, quién recibió una pena de cinco años de cárcel por el delito de colusión, también en agravio del GRC.

Asimismo, Katiuska Cárdenas Tresierra recibió 7 años de carcelería por el delito de colusión. Todos los mencionados, menos Gallegos Cáceres, pagan la suma de 50 mil soles por reparación civil. El exgerente de Infraestructura deberá abonar 60 mil soles. De la misma forma, los sentenciados quedaron inhabilitados a ejercer cargo público por el lapso de 3 años.

En la gestión de Gonzales Sayán, la empresa aseguradora Mapfre, inició un proceso arbitral contra el GRC para que se le devuelva el monto de las cartas fianza ejecutadas por el incumplimiento de la empresa JS Contratistas, en el mantenimiento de los 13 tramos carreteros, hasta el momento este proceso continúa, confirmó Nilo Paravicino.

Este proceso arbitral se lleva adelante en Lima, un hecho que incrementa los costos que son asumidos por el GRC; hace algunos días se tuvo una audiencia donde se ratificó la posición de la entidad regional, de que no se devolverá el monto a la empresa aseguradora.

Arbitrajes. El GRC afronta 38 procesos de arbitraje con diferentes empresas; procesos desde las gestiones de los expresidentes regionales, Hugo González, Jorge Acurio y René Concha.

Estos arbitrajes corresponden al Proyecto Especial Plan Copesco, IMA, Plan Meriss y otras dependencias, incluido el de la empresa JS Contratista, con la empresa OAS quién se encargaba de la construcción del Hospital Antonio Lorena, obra paralizada debido a la resolución del contrato por incumplimiento.

Procesos. Luís Gallegos, señaló que el mandato regional de Carlos Cuaresma, les heredó un aproximado de 3 mil juicios e investigaciones a la gestión de Hugo Gonzáles Sayán. Cuando terminó el periodo de Gonzáles en el 2010 se dejó un poco más de 7 mil casos a al gobierno de Jorge Acurio Tito, evidenciando que el mayor número de casos se generó entre los años 2007 al 2010.

Pero la mayor cantidad de casos penales, sobre todo de delitos de corrupción, se dio en la gestión regional de Acurio Tito, que deja el cargo en diciembre del 2013, después de ser condenado a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución y también inhabilitado para ejercer cargo público durante tres años.

Junto a Acurio, también fueron sentenciados José Rosendo Calderón Pacohuanca y Roberto Farfán Ríos (exfuncionarios regionales), por haber incurrido en delitos de colusión desleal y aprovechamiento indebido del cargo en la construcción del coliseo cerrado de la provincia de Calca, en el 2006.

El 1 de enero del 2014 el vicepresidente regional, René Concha Lezama, asume el cargo de presidente, y durante su gestión también se contrató a más personas, decisión que generó varios procesos contenciosos en agravio del GRC que aumentaron la carga de manera considerable.